La corrupción es un problema estructural en Honduras que vulnera derechos humanos. Las actuales conversaciones entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Secretaría General de Naciones Unidas para crear una comisión internacional con apoyo de la ONU para luchar contra la corrupción y la impunidad representan una oportunidad única de aprender de experiencias pasadas y avanzar en reformas estructurales.
Introducción
La corrupción es un problema estructural en Honduras que vulnera derechos humanos. Las actuales conversaciones entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Secretaría General de Naciones Unidas para crear una comisión internacional con apoyo de la ONU para luchar contra la corrupción y la impunidad representan una oportunidad única de aprender de experiencias pasadas y avanzar en reformas estructurales.
Este informe pone el foco en casos que ejemplifican el impacto de la corrupción en los derechos humanos y la importancia de una comisión internacional que aborde problemas de fondo que obstaculizan la lucha contra la corrupción en Honduras. Este informe incluye recomendaciones para avanzar en la creación de una comisión internacional independiente y efectiva y en la construcción de un sistema hondureño de justicia y de lucha contra la corrupción sólido y resistente, capaz de hacer frente al flagelo de la corrupción en el largo plazo.
Casos de corrupción que muestran el impacto en derechos humanos
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que Honduras ratificó en 2005, obliga al Estado a asegurar la existencia de autoridades independientes y efectivas encargadas de investigar y combatir la corrupción.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Honduras ratificó en 1981, reconoce que los países tienen distintos niveles de recursos y exige a los gobiernos lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos, de acuerdo con los recursos disponibles.
Sin embargo, una asignación de recursos evidentemente equivocada en detrimento de la realización de derechos económicos y sociales puede constituir una violación de derechos humanos. La desviación injustificada de fondos destinados a servicios e infraestructura sanitaria, como en el caso de los hospitales móviles en Honduras que se describe a continuación, es un ejemplo de tal abuso.
La desviación de recursos públicos a través de la corrupción y la mala administración implica, en general, una violación de la obligación de “lograr progresivamente” los derechos económicos, sociales y culturales, ya que reduce los recursos disponibles que un Estado tiene para invertir en servicios básicos. Investigaciones de Human Rights Watch en distintos países han documentado el impacto que puede tener la corrupción en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
En casi todos los casos de corrupción que Human Rights Watch analizó, encontramos fuertes vínculos entre la corrupción y violaciones de derechos humanos. Tuvimos acceso a los expedientes llevados adelante por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), una unidad fiscal hondureña que trabajó con la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una comisión respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que luchó contra la corrupción entre 2016 y 2020. La unidad fiscal que reemplazó a la UFECIC una vez que la MACCIH se fue, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), continuó las investigaciones de UFECIC e impulsó nuevas con un apoyo limitado por parte del Ministerio Público.